Salud en las Américas 2026

En el 2023, la esperanza de vida en la Región era de 77,1 años, con lo que se había superado el máximo prepandémico de 76,7 años registrado en el 2019. La esperanza de vida saludable también ha mejorado, aunque de forma más lenta. 

Los promedios regionales ocultan inequidades significativas entre los distintos países y grupos poblacionales. Estas inequidades están determinadas por factores como los ingresos, la ubicación geográfica, la educación, el acceso a la atención de salud y otros determinantes sociales. 

La cobertura universal de salud sigue siendo una tarea inconclusa: se ha ampliado la cobertura de los servicios esenciales, pero los gastos de bolsillo aún representan casi un tercio del gasto corriente en salud de la Región.

El envejecimiento poblacional, la disminución de la fecundidad y la migración están modificando tanto el volumen como la composición de la demanda de servicios de salud. El cambio hacia afecciones crónicas y discapacitantes ejerce una presión adicional sobre los sistemas de salud, que ya se encuentran sobrecargados.

El crecimiento económico más lento, los presupuestos de salud limitados y las desigualdades restringen los recursos disponibles para brindar una respuesta, lo que acentúa la necesidad imperiosa de priorizar el máximo impacto en la salud.

La vida saludable perdida debido a la discapacidad o a los problemas de salud, como proporción de la carga total de años de vida ajustados según la discapacidad (AVAD), ha aumentado con el tiempo. Esto indica una necesidad cada vez mayor de integrar el tratamiento de las enfermedades crónicas, los servicios de salud mental, la rehabilitación, el apoyo a las personas con discapacidad y la continuidad de la atención, junto con medidas continuas para prevenir las muertes prematuras, la violencia y los traumatismos.

Aunque la carga de enfermedad estandarizada según la edad ha mejorado con el tiempo, la carga de enfermedad bruta se mantuvo elevada en el 2023. Esto indica una mayor demanda general de servicios, asociada en especial al envejecimiento y a las afecciones crónicas.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV), el cáncer y otras neoplasias, la diabetes y las enfermedades renales, las enfermedades osteomusculares y los problemas de salud mental predominan en el perfil de la carga de enfermedad. 

Un pequeño conjunto de factores de riesgo modificables causa simultáneamente múltiples resultados de salud que representan una carga alta. Entre estos riesgos se encuentran la presión arterial alta, los niveles elevados de glucosa en la sangre, el exceso de peso, la alimentación poco saludable, la inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol, y el consumo de sustancias psicoactivas. Estos factores de riesgo comunes brindan oportunidades para abordar varias de las principales causas de la pérdida de salud con medidas transversales. 

Esta estimación no representa una meta uniforme, sino la magnitud de la mejora posible en diversas categorías de enfermedades destacadas. Sin embargo, el alcance real de la mejora que se puede lograr diferirá según el país y dependerá de los patrones de enfermedad, la capacidad institucional y los recursos disponibles. La brecha es mayor en los países en los que el estado de salud, la cobertura de los servicios de salud y las condiciones facilitadoras son menos favorables. 

La carga elevada se relaciona con un gran potencial de mejora, aunque no son lo mismo: la asignación de prioridades requiere considerar dónde se registra la carga más alta y dónde son más viables los avances comprobados.

Muchos sistemas de salud siguen organizándose en torno a una atención episódica, fragmentada y centrada en los hospitales. Este enfoque no se adapta bien a un perfil de carga de enfermedad que está cambiando hacia afecciones crónicas y discapacitantes que se solapan. Muchas de estas afecciones requieren atención continua mediante la prestación de servicios centrados en la atención primaria de salud (APS), con el respaldo de servicios hospitalarios vinculados mediante la derivación. Por lo tanto, una parte significativa de la brecha que se genera en la prestación de servicios se debe a un desajuste entre las necesidades de la comunidad, los patrones de la carga de enfermedad, la organización de los servicios, la continuidad de la atención, los sistemas de derivación y el grado de preparación de la red de prestación de servicios.

La experiencia demuestra que los países con niveles similares de gasto en salud pueden diferir notablemente en la proporción de la carga de enfermedad total que sigue siendo potencialmente evitable, lo que sugiere que algunas de las brechas que persisten podrían reducirse mediante la asignación de prioridades y una mejor organización, focalización y uso de los recursos existentes.

La asignación de prioridades es más eficaz cuando es transparente, se actualiza periódicamente y se basa en la de carga de enfermedad, la relación costo‑efectividad, la asequibilidad, la viabilidad, la equidad, la protección financiera y la capacidad de prestación de servicios. La asignación de prioridades también debe proteger las mejoras logradas en el pasado y mantener los programas ya establecidos. Los conjuntos de prestaciones de salud aportan valor cuando las intervenciones prioritarias se traducen en conjuntos de servicios centrados en la APS y vinculados a los hospitales, respaldados por financiamiento, personal, medicamentos, medios diagnósticos, sistemas de datos y mecanismos de rendición de cuentas. La experiencia regional muestra que los conjuntos explícitos deben ir acompañados de disposiciones institucionales, financiamiento y prestación de servicios capaces de sostener la implementación a gran escala. 

Según supuestos estandarizados para el período 2025‑2030 en cinco países de América Latina y el Caribe, se proyectó que la ampliación del conjunto de servicios evitaría en total aproximadamente entre 300 y 3400 muertes por causas cardiovasculares. La cifra depende en parte del tamaño de la población y de otros factores específicos de cada país. Los costos adicionales acumulados se estimaron en entre US$ 2 millones y 29 millones.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia del contexto de cada país y deben utilizarse como ayuda para la planificación, no como una estimación directa de cómo cerrar la brecha de AVAD potencialmente evitables. Los conjuntos prioritarios también deben evaluarse en relación con quiénes obtienen un beneficio y si reducen o no las dificultades financieras, y no solo en cuanto a las mejoras generales en la salud.

Hay cinco capacidades fundamentales que permiten abordar desafíos comunes de los sistemas de salud: las prioridades poco claras o poco integradas, la poca armonización entre los conjuntos de servicios y los presupuestos, los compartimentos estancos institucionales, y la incapacidad de traducir la evidencia en decisiones que se puedan poner en práctica. 

En toda la Región, la desigualdad en la capacidad de implementación (tanto la capacidad del personal de salud para satisfacer las necesidades actuales como la capacidad institucional para incorporar y adaptar las prioridades a nivel subnacional y nacional) sigue siendo una limitación crítica.

La voluntad política es un factor facilitador esencial: un compromiso político, técnico y administrativo sostenido permite a los países tomar decisiones explícitas, proteger el financiamiento, coordinar a los actores y superar las barreras de implementación.

1. Detectar y subsanar las brechas en la carga de enfermedad evitable, utilizando el total de AVAD y los AVAD potencialmente evitables, la atribución de riesgos, la evidencia sobre equidad y los datos específicos de cada país para determinar las mayores ganancias en cuanto a la salud que sean factibles y aumenten la equidad.

2. Desarrollar y garantizar la calidad de conjuntos de servicios centrados en la APS dirigidos a las prioridades de gran impacto, pasando de largas listas de intervenciones a servicios priorizados y viables, organizados en torno a las necesidades de salud de la comunidad y a redes integradas de servicios de salud. 

3. Armonizar el financiamiento, las compras y la regulación con los conjuntos de servicios prioritarios mediante una rectoría y gobernanza eficaces, traduciendo las prioridades en partidas presupuestarias, normas de compras, pagos a proveedores, listas de medicamentos y medios diagnósticos esenciales, normas de calidad, planificación de la fuerza laboral, sistemas de información e informes públicos.

4. Promover las medidas intersectoriales y la participación comunitaria en torno a los factores comportamentales, ambientales, comerciales y sociales comunes que influyen en la salud, entre ellos el consumo de tabaco y alcohol, la alimentación poco saludable, la obesidad, la inactividad física, la contaminación atmosférica, la seguridad vial, la violencia, los riesgos relacionados con el clima, el agua y el saneamiento, la protección social y el envejecimiento saludable.

5. Fortalecer la rendición de cuentas y aprovechar la cooperación regional para la implementación y el aprendizaje, haciendo un seguimiento de si las prioridades se financian y se implementan, llegan a los grupos poblacionales destinatarios y mejoran el acceso, la calidad, la equidad, la protección financiera y los resultados de salud.

La Oficina Sanitaria Panamericana (la secretaría de la OPS) puede apoyar a los Estados Miembros al:

• Generar evidencia regional sobre la carga de enfermedad, los factores de riesgo, el financiamiento, el grado de preparación de los servicios, los determinantes sociales y la equidad
• Fortalecer la evaluación de tecnologías sanitarias y la asignación explícita de prioridades
• Traducir las prioridades en conjuntos de prestaciones con costos estimados, conjuntos de servicios, acuerdos de financiamiento y hojas de ruta para la implementación
• Aprovechar las plataformas regionales para la compra conjunta, el intercambio de conocimientos, la capacidad de la fuerza laboral, las herramientas digitales y los sistemas de información, la vigilancia, el fortalecimiento regulatorio y la cooperación entre países
• Convocar la colaboración regional en torno al aprendizaje y proporcionar soluciones técnicas en torno a los conjuntos de servicios prioritarios y los desafíos de la implementación
• Apoyar el seguimiento de la implementación y la corrección adaptativa del rumbo
• Configurar las agendas regionales de ciencia de la implementación, investigación e innovación.
   

En los distintos contextos nacionales, la agenda común consiste en apoyar una implementación equitativa mediante una prestación de servicios centrada en la APS, una rectoría y gobernanza armonizadas, medidas intersectoriales y aprendizaje continuo, movilizando recursos adicionales donde sea necesario y, al mismo tiempo, obteniendo un mayor valor de las inversiones existentes.